martes, 19 de agosto de 2008

Clipping de noticias sobre el caso de la amenaza a estudiante del CURZA

Encontradas opiniones genera denuncia de estudiante por amenazas    
 

jueces Víctor Sodero Nievas y Luis Lutz Viedma (ADN).- Un joven que realiza trabajos sociales en barrios de Viedma y que denunció –un mes antes que Atahuapa Martínez (20) fuera asesinado el 15 de junio- graves amenazas hacia su persona, tendrá que buscar amparo judicial por nuevas vías porque el Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso –por mayoría- que presentó junto a la subsecretaria de Derechos Humanos de Río Negro.

La resolución del STJ, con los votos de los jueces Víctor Sodero Nievas y Alberto Balladini, fue observada por su par Luis Lutz con contundentes argumentos a favor del recurso interpuesto por el joven viedmense. El debate judicial giró en torno de amparo o habeas corpus, pero esta última figura judicial es la que prosperó en este caso.
 
José Gustavo Lagos inició una acción de amparo ante un juez de Instrucción de Viedma, pero el intento generó demasiada "judicialización" y por eso, después de un intenso proceso en los Tribunales, deberá buscar "otra vía idónea, expedita y en marcha".
 
Es que un fiscal investiga los hechos denunciados por Lagos, para determinar la identidad de los tres sujetos que le profirieron las amenazas y, en ese sentido, se dispondrán las medidas de protección necesarias tendientes a garantizarle al reclamante sus derechos.
 
Lagos, junto con la subsecretaria de Derechos Humanos, Gladis Cofré, promovió acción de amparo ante el juez a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 2  de Viedma, Carlos Reussi, para que arbitre los medios necesarios a fin de "garantizar el derecho a la vida al primero de los accionantes referidos, en virtud de la amenaza recibida el día 11 de mayo del presente año". Reussi había rechazado la acción de habeas corpus por "la ausencia de afectación de modo actual o inminente de la libertad u otros derechos de Lagos", por lo cual éste presentó apelación, considerada como recurso de casación.
 
A través de una asistencia judicial, Lagos tachó de arbitraria la resolución recurrida e insistió en señalar que su pedido era de amparo, reiterando que su pretensión perseguía que se proteja su derecho constitucional a la vida ante las amenazas de muerte sufridas. Señaló que al instar la acción "había realizado la denuncia penal ante la fiscal (Daniela). Zagari" y sostuvo que su situación de indefensión "se agrava teniendo en cuenta que la Justicia, en el marco de la investigación de los hechos de amenaza, aún no ha individualizado ni detenido a ninguno de los presuntos culpables".
 
Por este caso, la procuradora general Liliana Piccinini consideró que Reussi debió reconducir el pedido, con el fin de que mediante la intervención del fiscal o del juez instructor que entendiera en la denuncia se dispongan las medidas de protección pertinentes tendientes a garantizar la tranquilidad y derechos del denunciante/víctima.
 
Destacó que a pesar del tiempo transcurrido desde la presentación inicial, tal circunstancia no fue advertida por el juez del amparo, desconociéndose si en la causa motivada en la denuncia se tomó alguna determinación al respecto, como también si en la causa el presentante y denunciante /víctima solicitó protección.
 
El argumento expuesto por el juez Víctor Sodero Nievas para que se rechace la acción generó disidencia en su par Luis Lutz, aún cuando esa instancia sigue procedimientos vigentes, pero observó que la audiencia se haya realizado con la sola presencia del presidente del STJ y que el acta no refleje contenidos.
 
Según se analizó en Tribunales, el 8 y el 11 de mayo pasado aparentemente personas no uniformadas que viajaban en un Fiat Palio rojo sin patente amenazaron a Lagos.
 
Lagos declaró ser estudiante universitario y becario y en función de ello realiza diversas actividades comunitarias en los barrios Nehuén y 30 de Marzo, pertenece al proyecto "Promoviendo la organización para el desarrollo comunitario" del Centro Regional Universitario Zona Atlántica de la UNC. Un mes después que denunció amenazas ocurrió la muerte del joven Atahualpa Martínez, aún sin esclarecer. (ADN)


 
La postura de Lutz
Cruce de opiniones entre jueces por el caso de estudiante que denunció amenazas
   
 
Carlos Reussi, juez de amparo Viedma (ADN).- El vocal del Superior Tribunal de Justicia, Luis Lutz disintió con los otros dos integrantes del organismo por la interpretación en torno de una acción de amparo y habeas corpus a favor de un joven estudiante de Viedma que denunció amenazas por parte de aparentes tres sujetos un  mes antes que otro muchacho –Atahualpa Martínez- fuera asesinado por la espalda. En extensas fundamentaciones, Lutz aludió a la presentación expuesta por José Gustavo Lagos y, entre otras argumentaciones, resaltó varias veces el hecho que un organismo oficial de la provincia acompañó y asesoró a aquél, presuntamente "por la oscuridad de los personajes involucrados que tal vez darían otro rumbo procesal, distinto al asignado (...) por el juez de amparo (Carlos Reussi) quien aplicó luego la Ley B Nº 3368 habeas corpus y solo dio participación a la Policía de la provincia". A su criterio, aún en una acción de amparo y "dada la gravedad institucional que comporta venir ante los estrados con el acompañamiento y el asesoramiento que da al caso un organismo oficial (Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Río Negro), considero que se debe preservar principios tales como el acceso a la justicia, el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa para todos los involucrados". La referencia del organismo alude a que Lagos fue acompañado en la denuncia por la subsecretaria Gladis Cofré. Para Lutz, la confusión de acciones deviene en cierta medida de hechos diferenciados, uno del 8 de mayo de 2008, en el que aparecería involucrado personal no identificado de la Policía y otro del 11 de mayo de 2008, referente a personas no uniformadas en un vehículo Fiat Palio rojo sin patente, de quienes no habrían rastros. Lo que sigue son otras opiniones del juez Lutz. "El deber del Estado es garantizar el derecho a la vida, a quien se dice amenazado, en un contexto donde –insisto- es acompañado y asesorado por un organismo oficial del Ministerio de Gobierno de la Provincia . Ha denunciado sin que surjan elementos objetivos que haya prosperado alguna forma tuitiva y un mes después de los hechos, el 15-6-2008 acontece otro episodio gravísimo como la lamentable muerte de Atahualpa Martínez, aun sin esclarecer...". "Más allá de la confusión en que pudo haber incurrido quien  (Lagos) simultáneamente y por distintas vías "denunció" y "se amparó", el Estado tiene el deber de hacer una profunda y eficaz investigación para dar una respuesta concreta a la situación que se plantea y en la que hay de por medio un organismo oficial del Poder Ejecutivo que lo acompaña y asesora, hechos que son públicos a través de los medios de comunicación, presuntas omisiones en la instrucción para brindarle la protección que necesita". "Cuesta comprender que para el caso, no haya existido protección ni un efectivo acceso a la justicia del modo que se requiere". "Los episodios del 8 y el 11 de marzo pasado, rozan a la Policía y la referencia en el contexto de la investigación del "caso Atahualpa Martinez" (asesinado el 15-6-2008, un mes después de la "denuncia" y la "acción de amparo"), no son cuestiones menores. El Estado no puede dar solo respuestas formales ni menos aun incurrir en omisiones o desatenciones a riesgos que debe prevenir, cuya presunción de veracidad están avalados por el acompañamiento y el asesoramiento de un organismo oficial de la provincia". "Luego de meses no hay avance en la investigación, al 3-7-2008 aun carente del informe respectivo de los investigadores y simultáneamente se cita el "caso Atahualpa Martinez" de una manera poco explícita y quizás insinuante, es evidente que -como mínimo- el Estado tiene que dar explicaciones para asegurar el derecho a la vida y ante la inexistencia de aportes de la Policía, el acompañamiento y asesoramiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno de la provincia y los magros resultados que evidencia el informe en cuanto a la actuación del Poder Judicial".  "Por ello, se hace necesario revisar las actuaciones hasta aquí desarrolladas y prevenir el "derecho a la vida" del "amparista", sin perjuicio de dichas actuaciones en curso en el Ministerio Público Fiscal". 

"Soy de opinión que la tramitación ha tenido una dilación innecesaria, injustificada y riesgosa, incluyendo la feria judicial de invierno, por lo que en función de las consideraciones y las conclusiones que anteceden, corresponde excepcionalmente hacer lugar el recurso que se interpone...".  Lutz propuso, revocar el pronunciamiento del Tribunal, dar trámite a la acción de amparo, ordenar al Ministerio de Gobierno de la Provincia que, en orden a los propios actos con intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos, adopte en el plazo perentorio de 48 horas los recaudos de prevención y seguridad en la persona del "amparista", sin perjuicio de los que eventualmente pudieren requerirse y decretarse en sede jurisdiccional.





 



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1 comentario:

Anónimo dijo...

Yo me pregunto, hasta cuando señores, basta del peluquín de Sodero Nievas! Que muestre de una vez al pueblo la verdad de su calvicie...

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