En Consejo Asesor Indígena manifiesta su apoyo y solidaridad a la comunidad Paisil-Antreao de Villa la Angostura que viene sufriendo el asedio de las fuerzas policiales de la provincia de Neuquén y el despojo de sus territorios. Responsabilizan por esta situación a los estado nacional, neuquino y municipal.
En un comunicado de prensa, el CAI señala en relación a las responsabilidades políticas e institucionales que "los estado nacional, neuquino y municipal comparten cuotas de responsabilidad histórica y actual por la negación y violación sistemática de los derechos del pueblo mapuche en general y, en particular, de la comunidad Paisil-Antreao. Todos y cada uno son responsables de no aplicar el artículo 75 de la Constitución Nacional , el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, marcos normativos que superan con creces incluso los alcances de la ley nacional de emergencia de los territorios indígenas que tampoco aplicaron en este caso".Desde la organización indígena exigen una investigación seria e independiente sobre: la decisión del dispositivo policial; la violación de DD.HH. y las leyes vigentes por parte del cuerpo de policía dependiente de la comisaría Nº28 y de los cuerpos especiales intervinientes; la intervención de particulares en el desalojo; la intervención de la Mutual policial del Neuquén en el desalojo y su participación en el negocio inmobiliario del área Belvedere y la persecución y espionaje ilegal desplegado ante domicilios particulares fuera del territorio en conflicto.Por último el CAI sostiene el respaldo total e incondicionalmente a la comunidad Paisil-Antreao que desde 2003 resiste todos y cada uno de las humillaciones, despojos y atropellos ilegales e ilegítimos por parte de las autoridades y del poder económico concentrado en VLA y exige el retiro total y definitivo de las fuerzas represivas del espacio de la comunidad y una investigación total sobre el conflicto.
En un comunicado de prensa, el CAI señala en relación a las responsabilidades políticas e institucionales que "los estado nacional, neuquino y municipal comparten cuotas de responsabilidad histórica y actual por la negación y violación sistemática de los derechos del pueblo mapuche en general y, en particular, de la comunidad Paisil-Antreao. Todos y cada uno son responsables de no aplicar el artículo 75 de la Constitución Nacional , el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, marcos normativos que superan con creces incluso los alcances de la ley nacional de emergencia de los territorios indígenas que tampoco aplicaron en este caso".Desde la organización indígena exigen una investigación seria e independiente sobre: la decisión del dispositivo policial; la violación de DD.HH. y las leyes vigentes por parte del cuerpo de policía dependiente de la comisaría Nº28 y de los cuerpos especiales intervinientes; la intervención de particulares en el desalojo; la intervención de la Mutual policial del Neuquén en el desalojo y su participación en el negocio inmobiliario del área Belvedere y la persecución y espionaje ilegal desplegado ante domicilios particulares fuera del territorio en conflicto.Por último el CAI sostiene el respaldo total e incondicionalmente a la comunidad Paisil-Antreao que desde 2003 resiste todos y cada uno de las humillaciones, despojos y atropellos ilegales e ilegítimos por parte de las autoridades y del poder económico concentrado en VLA y exige el retiro total y definitivo de las fuerzas represivas del espacio de la comunidad y una investigación total sobre el conflicto.
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